SE GARANTIZAN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES VALENCIANAS CON EL DECRETO LEY DEL CONSELL

FSP-UGT-PV venía denunciando que la desidia del anterior Consell generaba una gran inseguridad jurídica en los profesionales de los sectores afectados y en la propia ciudadanía

UGT valora muy positivamente el Decreto-Ley del Consell publicado hoy que permite la prestación de los servicios sociales, sanidad y educación por parte de las entidades locales hasta que se apruebe el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, momento en que la Generalitat asumirá la titularidad de estas competencias y elaborará un plan en el que se contemplen las condiciones para el traspaso de medios económicos, materiales y personales. 

En diciembre de este año 2015, los ayuntamientos valencianos debían dejar de prestar los servicios sociales por aplicación de una ley que el gobierno de Rajoy impuso en contra del resto de partidos políticos, sindicatos, profesionales y conjunto de la ciudadanía.  

Hay que recordar que la Comunidad Valenciana era la única comunidad autónoma de España que no tenía una norma reguladora de aplicación de la Ley y que se enfrentaba a un problema de gran impacto ya que se trata de servicios muy sensibles como los servicios sociales de base cuya paralización puede causar un grave perjuicio a la ciudadanía, en especial a las personas más necesitadas, además de provocar una gran incertidumbre y la posible destrucción de miles de puestos de trabajo públicos.

En este sentido queremos recordar que hasta en dos ocasiones la FSP-UGT-PV registró escritos al anterior Consell solicitándole una reunión para abordar la situación y alertándole del caos social y laboral que se podría generar si no resolvían el asunto. Nunca obtuvimos contestación al respecto.

Desde la FSP-UGT-PV hemos combatido desde sus orígenes la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local por lo que vamos a continuar solicitando su derogación porque invade competencias de las comunidades autónomas entrando en conflicto con varias normas en vigor y porque apostamos por el municipalismo y por la prestación de estos servicios por parte de las administraciones más próximas a los ciudadanos y ciudadanas.

Como además el Decreto-Ley establece que durante el período de prórroga de la prestación la cobertura financiera necesaria no puede suponer incremento del gasto de las Administraciones implicadas, desde la FSP-UGT-PV entendemos que no existe ningún impedimento para que las Entidades Locales sigan prestando los servicios y mantengan todos los puestos de trabajo que, hasta ahora, corrían el riesgo evidente de ser destruidos.

Finalmente, en la reunión celebrada en el día de hoy con representantes de la Administración hemos obtenido el compromiso de que el plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios que elaborarán en el futuro contará con la participación de todos los agentes y, por tanto, de las organizaciones sindicales ya que afecta a condiciones de trabajo del personal.

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